Los graves problemas ambientales con los que convivimos diariamente a pesar de ser acuciantes e ir en incremento, nos hacen reflexionar sobre la eficiencia que tienen los Procesos Penales tratando de revertirlos, y esta reflexión nos hace identificar la gradualidad, cuando se trata de aplicar las leyes, genera más beneficios. Sobre todo si esta gradualidad llega de la mano de un programa con objetivos específicos y establecidos y más aún si entre éstos objetivos se encuentra la búsqueda real de un cambio de actitud hacia los recursos naturales y hacia su utilidad a largo plazo.

Con este objetivo, el Ministerio Público asumió su papel dentro de un programa de adecuación voluntaria a las leyes ambientales, en un trabajo en conjunto con las autoridades nacionales centrales como la Secretaria del Ambiente, el Instituto Forestal Nacional y a la par con las gobernaciones y las municipales locales y las organizaciones de la sociedad civil. Así, la intención final fue la de brindar a los productores algunos mecanismos legales para la implementación de prácticas sostenibles con miras a la recomposición de ecosistemas forestales y a la vez lograr el cumplimiento de las leyes.

El PAL tuvo como objetivo adecuar a los propietarios de tierras mayores a 20 hectáreas a las leyes ambientales vigentes, principalmente la Ley 422/73 “Forestal” que manifiesta que todas las propiedades mayores a 20 hectáreas deben conservar el 25% de su superficie con cobertura forestal y una franja de bosques de protección de 100 metros a ambos lados de los cursos hídricos.