WWF valora avances de la COP3 del Acuerdo de Escazú y llama a toda Latinoamérica a ratificarlo

Posted on 26 abril 2024

La Conferencia de las Partes realizada en Chile cerró con importantes hitos, como la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.

Con el logro de importantes resultados cerró esta semana la COP3 del Acuerdo de Escazú, realizada en Santiago de Chile, entre el 22 y 24 de abril.

La conferencia reunió a las delegaciones de los quince Estados Parte del acuerdo, el cual busca proteger a las personas defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe, garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

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“El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional que se rige por principios de derecho ambiental y derechos humanos, mismos que deben estar alineados a los objetivos globales de biodiversidad, clima y desarrollo humano sostenible al 2030. En esta tercera cumbre de las partes, los gobiernos han mostrado, en general, su decisión de avanzar hacia mecanismos de implementación coherentes con las circunstancias tan complejas que enfrentamos en la región”, señala María Inés Rivadeneira, Coordinadora de Políticas de WWF América Latina, quien enfatizó el llamado a que los países que aún no ratifican el Acuerdo lo hagan en forma urgente.

Hitos de la conferencia

El principal hito de la COP3 fue la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, iniciativa coordinada por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis.

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Para WWF, la adopción de este plan no solo transmite un mensaje político acerca de la urgente necesidad de atender la agenda de personas defensoras, sino que contribuye a resultados sustanciales para la implementación del Acuerdo de Escazú. Esto, considerando que este instrumento regional establece la obligación a las partes de garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas defensoras puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad mediante la adopción de medidas para reconocer, proteger y promover todos sus derechos. Por tal motivo, desde la primera COP, las partes establecieron un grupo de trabajo ad hoc, con el mandato de elaborar un plan de acción regional en la materia para ser sometido a consideración en esta COP3.

“La adopción de este Plan de Acción es un paso clave que impulsará el desarrollo progresivo del estándar regional hacia la construcción de mayores parámetros normativos”, destaca Rivadeneira, quien también valoró las positivas señales respecto a los Planes Nacionales de Implementación y los Informes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento.

Sobre los primeros, se trata de las hojas de ruta de cada Estado en relación con Escazú, esperando que también constituyan un medio de transparencia y rendición de cuentas. En concreto, durante esta COP, siete países (Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Belice, México, Uruguay y Chile) compartieron sus Planes Nacionales de Implementación, tanto en construcción o ya aprobados, para una efectiva y progresiva puesta en marcha del tratado.

En cuanto al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, fue aprobado el documento que establece sus modalidades de trabajo. Esta instancia es un órgano subsidiario de la COP de Escazú de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, que busca promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del acuerdo.

También en lo referente a implementación, se logró la inclusión de la participación significativa del público, incluyendo expresamente a los pueblos indígenas, en la elaboración de planes y hojas de ruta para la implementación nacional del Acuerdo de Escazú. Esta medida es esencial para garantizar la protección de los derechos indígenas, poner en valor y utilizar los conocimientos tradicionales, fortalecer la gobernanza ambiental y cumplir con los compromisos internacionales en materia de participación indígena.

En Colombia, el Acuerdo de Escazú fue aprobado por el Congreso de la República y, posteriormente, sancionado por el presidente Gustavo Petro. Actualmente, el acuerdo se encuentra en la etapa de revisión por parte de la Corte Constitucional, la cual examina si este instrumento es coherente con la Constitución del país.

Mauricio Madrigal, especialista en Incidencia Política en WWF Colombia, asegura que la puesta en marcha del Escazú en Colombia es urgente, toda vez que el país ocupa el primer lugar entre los más peligrosos para las personas defensoras del medioambiente, según el más reciente informe de la organización Global Witness, que contabilizó más de 60 asesinatos a líderes ambientales en el país, en 2022.

“La pronta activación de Escazú nos permitirá revertir esta situación. Colombia debe, sí o sí, entrar en el grupo de países que ya está utilizando este instrumento, que les brindará garantías a las comunidades para conservar la naturaleza de una manera segura y justa”, dijo Madrigal.

“Escazú representa una apuesta por detener el deterioro de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. El régimen jurídico contenido en el Acuerdo busca proporcionar una caja de herramientas para hacer frente a la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, clima y contaminación por plásticos; además de contribuir al logro de la Agenda 2023 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo mismo, reiteramos nuestro llamado a que Brasil, Colombia, Perú, Paraguay y Guatemala ratifiquen este Acuerdo que fortalece la gestión y gobernanza ambiental inclusiva y el desarrollo sostenible”, puntualiza María Inés Rivadeneira.

En lo referente a implementación, se logró la inclusión de la participación significativa del público, incluyendo expresamente a los pueblos indígenas, en la elaboración de planes y hojas de ruta para la implementación nacional del Acuerdo de Escazú.